El precandidato presidencial y presidente en licencia del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, afirmó este martes que la creación de un Tribunal Constitucional, gracias al pacto entre él y el presidente Leonel Fernández, y que motorizó una reforma constitucional hasta ese momento estancada, debe servir para consolidar la democracia, los derechos fundamentales, la institucionalidad y la independencia de los poderes.
Según Vargas, “no se producirá ninguna inseguridad jurídica ni choque de trenes pues el Tribunal Constitucional es el supremo y final intérprete de la Constitución, pudiendo controlar la uniformidad de la jurisprudencia constitucional y la constitucionalidad de las decisiones de los tribunales del Poder Judicial, pues ningún poder del Estado, aún el Judicial, debe estar por encima de la Constitución y exento de control constitucional”.
Señala que, por lo anterior, “es preciso que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procesos Constitucionales, que actualmente conoce el Senado, garantice el amparo contra sentencias y la revisión constitucional de sentencias por el Tribunal Constitucional, tal como manda el artículo 277 de la Constitución, pues la seguridad jurídica no puede significar eternizar el atropello y la arbitrariedad judicial en perjuicio de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas”.
“Ello –sostuvo- no pone en cuestionamiento la autoridad de la Suprema Corte de Justicia, pues en todos los países donde existe una jurisdicción constitucional especializada y el Poder Judicial controla también la constitucionalidad, como es el caso de Colombia, Venezuela y Perú, existe una conexión entre ambos poderes y el Tribunal Constitucional puede perfectamente controlar la constitucionalidad de las decisiones judiciales”.
En otro orden, el líder perredeísta reclamó una designación de una nueva Suprema Corte de Justicia, de un Tribunal Constitucional y de un Tribunal Superior Electoral, de un modo consensuado, equilibrado y no unilateral, como ocurrió lamentablemente con la designación de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral, donde el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) impuso mecánica y arbitrariamente su supermayoría, en desmedro de la oposición política.
“El Tribunal Constitucional tiene que ser un espejo de la sociedad dominicana, que refleje todo el espectro político y social y que esté compuesto, de modo equilibrado, por mujeres y hombres de la trayectoria moral, profesional, humana y constitucional que garantice que estará por encima de los intereses meramente parciales de las fuerzas políticas y sociales, que refleje todas las ideologías de la sociedad dominicana, y que pueda convertirse en un verdadero tribunal social accesible al ciudadano común”.
Afirma Vargas que, por eso, el proceso de designación de todas estas altas cortes debe ser hecho por el Consejo Nacional de la Magistratura, “de un modo abierto y transparente, con participación de la sociedad civil, de los partidos y de la ciudadanía en general, y conociéndose debidamente los antecedentes de cada uno de los candidatos a juez y en respeto de la Constitución que establece un mínimo de 75% de la matrícula de la Suprema Corte de Justicia que debe estar en manos de jueces de la carrera judicial”. Debe, a juicio de Vargas, haber en la Suprema Corte de Justicia una justa representación de las regiones del país y de las mujeres, que son mayoría dentro de la carrera judicial.
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